Denuncias de EE. UU. reiteran conexiones de narcotráfico entre Venezuela y Centroamérica

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Las recientes denuncias judiciales en Estados Unidos demuestran, de nuevo, que Venezuela se convirtió en un momento dado en un paso clave para la cocaína que se envía hacia Estados Unidos a través de Centroamérica, y que las conexiones políticas y criminales facilitaron el flujo de drogas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue acusado en marzo de 2020, entre otras cosas, de narcotráfico y corrupción. Y, por otro lado, fiscales estadounidenses presentaron cargos a finales de abril contra el exdirector de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, lo que ha salpicado de nuevo al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

No son casos aislados. Algunos círculos al interior del régimen del presidente Nicolás Maduro han tenido abundantes socios en Centroamérica. Las recientes acusaciones de narcotráfico presentadas contra Maduro y otros miembros de su administración han proporcionado aún más evidencia de los vínculos criminales entre Venezuela y sus aliados en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El enclave criminal en Honduras

Las operaciones de algunos de los grupos del crimen organizado más poderosos de Honduras, como Los Cachiros, el clan Valle Valle y el Cartel del Atlántico, estaban en pleno apogeo cuando el expresidente Manuel Zelaya llegó al poder en 2006. De hecho, antes de que Zelaya llegara a la presidencia, un antiguo capo, Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, supuestamente le ofreció un soborno de cerca de US$2 millones para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.

Sin embargo, no fue sino hasta 2009, cuando Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, tras el cual el Partido Nacional llegó al poder, que Los Cachiros y los Valle Valle obtuvieron acceso directo a la élite política del país. Después del golpe, Honduras se convirtió en el principal puente aéreo de la cocaína procedente de Venezuela, en tanto los clanes de la droga de Los Cachiros y los Valle Valle consolidaban su poder con protección de funcionarios del gobierno y proveedores confiables de cocaína en Venezuela.

(Gráfico de una investigación de InSight Crime)

A medida que el panorama criminal de Honduras se fue consolidando a partir de 2009, el país también vio la proliferación de laboratorios de drogas en todo el territorio nacional. Algunos de ellos, según los fiscales estadounidenses, incluso operaban con la protección del propio Hernández cuando todavía era presidente del Congreso.

Por esa misma época, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón; el exjefe de inteligencia, Hugo Armando Carvajal Barrios, y el general retirado Clíver Alcalá Cordones, comentaron las posibles consecuencias del derrocamiento de Zelaya. Según la más reciente acusación de Estados Unidos, Cabello Rondón advirtió que la inestabilidad que seguiría podría “arruinar el negocio”. Después de la reunión, Maduro supuestamente viajó a Honduras en calidad de ministro de Relaciones Exteriores para tratar de “intervenir” y evitar que la cambiante dinámica política “interrumpiera las actividades de narcotráfico”.

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Las relaciones de narcotráfico entre Honduras y Venezuela no tambalearon. En 2011, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), de la Casa Blanca, estimaba que hasta el 25 por ciento de la cocaína que llegaba a Estados Unidos salía de Venezuela —una cifra apenas por debajo de la de Colombia—. Además, las autoridades estadounidenses identificaron a Honduras como el “principal destino” y “principal país de tránsito” de los cargamentos de drogas que cruzan Centroamérica con rumbo a Estados Unidos.

Un año más tarde, en un informe de 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) se identificó a Honduras como el “punto de entrada favorito de la cocaína que se dirige hacia el norte”, y que el tráfico aéreo de la frontera entre Colombia y Venezuela había “aumentado fuertemente” y se había reorientado, pasando del Caribe a la nación centroamericana tras el golpe de Estado de 2009.

Esto significaba que Los Cachiros eran los principales actores en ese momento y tenían la capacidad de traficar drogas sin ningún obstáculo desde los departamentos de Gracias a Dios, Yoro y Olancho, para el clan Valle Valle en los departamentos de Copán y Santa Bárbara en el occidente, en gran parte gracias a la protección política que habían conseguido.

El operador político de El Salvador

El poderoso político José Luis Merino, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), fue uno de los principales socios de lavado de dinero del régimen criminal de Venezuela de acuerdo con investigaciones en El Salvador y Estados Unidos.

En 2006, Merino, su hermano Sigfredo Merino y varios alcaldes salvadoreños fundaron un conglomerado empresarial conocido como Alba Petróleos. Durante más de 10 años, la empresa aprovechó dineros provenientes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), con el fin de crear compañías fachada que se utilizaron para lavar millones de dólares, según una investigación del Ministerio Público de El Salvador. La misma investigación también adelantó indagaciones en torno al presidente Nayib Bukele, quien solía ser miembro del FMLN y fue aliado político de José Luis Merino.

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Al menos dos agencias estadounidenses, el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI) y la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), afirman que José Luis Merino es persona de interés en investigaciones en curso. Merino también fue nombrado en una lista de corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el centro de estas sospechas, según un exfiscal venezolano consultado por InSight Crime en Washington, está la relación entre Venezuela y el dinero vinculado a PdVSA.

Merino había sido un miembro de alto rango del ejército guerrillero de El Salvador, que en 1992 se transformó en un partido político como parte de un acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil de 12 años en el país. De allí es de donde proviene su alias, “Ramiro Vásquez”, así como sus contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según fiscales estadounidenses, el grupo guerrillero fue otro importante aliado del régimen criminal de Venezuela.

Con las FARC, Ramiro también se involucró en el tráfico de armas desde Venezuela a principios de la década de 2000, como se desprende de varios correos electrónicos descubiertos en la computadora de Raúl Reyes, uno de los guerrilleros más tenaces de la época.

Finalmente, Merino se distanció del régimen de Maduro en Venezuela después de que las autoridades comenzaran a investigarlo por unos US$600 millones que habían desaparecido de las cuentas de Alba Petróleos y PdVSA, según fuentes del FMLN y de las fiscalías en El Salvador y Venezuela que fueron consultadas por InSight Crime.

El aliado ideológico en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es uno de los aliados ideológicos más cercanos de Venezuela, y las acusaciones de que su régimen ha ayudado a facilitar las actividades de narcotráfico y las operaciones de lavado de dinero de actores corruptos en Venezuela no son precisamente nuevas.

Una investigación de Connectas en 2019 sostiene que Alba de Nicaragua (Albanisa), filial de la petrolera venezolana PdVSA, fue uno de los principales frentes del presidente Ortega para utilizar dinero venezolano con el fin de fomentar alianzas políticas y programas sociales que le han ayudado a mantenerse en el poder.

Un año antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a uno de los aliados más cercanos de Ortega y al vicepresidente de Albanisa, Francisco López Centeno, por supuestamente malversar fondos estatales y obtener ilegalmente contratos gubernamentales, entre otras cosas.

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Otros expertos en seguridad han identificado irregularidades financieras que involucran los ingresos y egresos de Albanisa, consideradas por fuentes dentro de la compañía, cuyos nombres se encuentran en reserva, como “ingresos del lavado de dinero y un ciclo de apoyo financiero que involucra a funcionarios corruptos de Venezuela y organizaciones de narcotráfico”, como las FARC.

De hecho, en la reciente acusación de Estados Unidos se lee que, alrededor de 2009, el presidente Maduro, Cabello Rondón y Carvajal Barrios se reunieron con un representante de las FARC para hablar sobre un cargamento de cuatro toneladas de cocaína que supuestamente Cabello Rondón ordenó a los guerrilleros enviar a Venezuela, “donde un jet estaría esperando para transportar la cocaína a Nicaragua y luego enviarla a México e ingresarla a Estados Unidos”.

La denuncia de Estados Unidos constituye la más reciente acusación sobre una relación criminal Venezuela-FARC, en la que Albanisa, la filial de PdVSA en Nicaragua, fue supuestamente el vehículo que los funcionarios venezolanos corruptos y la guerrilla utilizaron para blanquear sus ganancias del narcotráfico con la ayuda del presidente Ortega.

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