Confinamiento por coronavirus se impone por la fuerza en Honduras

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En Honduras, la policía militar está al frente de la pandemia del coronavirus. Pero, luego de más de una década acumulando un enorme arsenal de seguridad estatal, ¿se encuentra la fuerza pública de Honduras preparada para hacer cumplir el confinamiento en forma pacífica?

El 24 de abril, en la pequeña población costera de El Paraíso, al noroeste de Honduras, los hermanos Marvin Rolando, Héctor Arturo y Ronald Alfredo Alvarado salieron de su casa a vender pan pese al confinamiento ordenado en el país. A su regreso, fueron detenidos por miembros de la Fuerza de Tarea Maya Chortí, división de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

Según La Prensa, los agentes de la PMOP propinaron una fuerte golpiza a los hermanos y dispararon contra ellos. Marvin Rolando quedó en condición crítica por una herida de bala, y luego murió en un hospital de la vecina ciudad de Puerto Cortés.

El ataque fue condenado enérgicamente por los habitantes de El Paraíso y por la familia Alvarado, quienes bloquearon la carretera CA-13 con barricadas improvisadas como protesta. “La policía militar está para brindar tranquilidad a la población y no para sembrar el miedo, el dolor y la muerte en la familia hondureña”, reclamó María Alvarado, hermana de las víctimas.

Antes del asesinato de Marvin Rolando, el vocero de la Policía Nacional, Jair Meza, declaró a la prensa que, “para el final de esto [la pandemia], a muchos policías nos van a acusar por abuso de los derechos humanos […]. Si no se aplica la fuerza en algunos casos, esto [el coronavirus] seguirá avanzando y habrá más infecciones”.

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En una medida criticada por el grupo de derechos humanos CIPRODEH, el 17 de marzo la Policía Nacional irrumpió en el barrio popular Colonia Lincoln en el distrito capital de Honduras e instaló un cordón sanitario, cuando el país solo tenía nueve casos confirmados.

En el sureste del país, Fermín García, un reportero local, informó de denuncias de torturas atribuidas a agentes de policía, incluidas golpizas, descargas eléctricas y aplicación de toallas impregnadas de gas lacrimógeno sobre el rostro de los detenidos.

Como respuesta, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Américas, expresó: “las fuerzas de seguridad deben ser objeto de un estricto control y responder si cometen abusos, dada su historia, pasada y presente, de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

Análisis de InSight Crime

Las autoridades hondureñas, y en particular la PMOP, han sido señaladas en numerosas ocasiones de abuso de la fuerza. En medio de la pandemia, las fallas del aparato de seguridad pública han sido evidentes.

La PMOP es uno de los grupos más controvertidos de las fuerzas de seguridad de Honduras. Como parte las fuerzas armadas del país, la policía militar se creó en medio de una ola de violencia en 2013 con el fin de “garantizar la soberanía de la República, mantener y conservar el orden público y servir a los ciudadanos para salvaguardar la seguridad y los bienes de las personas en cooperación con la Policía Nacional”.

Desde su creación, la PMOP ha estado implicada en numerosas violaciones a los derechos humanos, especialmente durante la violencia poselectoral de 2017. En su informe sobre el malestar social, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos halló que la PMOP y el ejército fueron especialmente responsables de abusos de poder, uso de “fuerza excesiva, incluyendo fuerza letal, para controlar y dispersar las protestas, que llevaron al asesinato y lesiones de manifestantes y transeúntes”.

La Fuerza de Tarea Maya Chortí no ha estado exenta de esa controversia. Fundada en 2015 como parte de un acuerdo con Guatemala, el ejército interinstitucional está encargado de proteger la frontera entre los dos países frente a los grupos criminales.

Familiares de los hermanos Alvarado aseguraron al grupo de derechos humanos ASOPODEHU que la Fuerza de Tarea Maya Chortí comete “abusos de derechos humanos a diario” contra la gente de El Paraíso y otras comunidades vecinas. InSight Crime también supo de un hecho en el que una comunidad vecina fue presuntamente hostigada y amenazada pistola en mano por miembros de la Fuerza de Tarea Maya Chortí.

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En un país donde casi la mitad de la población vive en condición de pobreza, y el 76 por ciento trabaja en la informalidad como los hermanos Alvarado, imponer un confinamiento obligatorio pone inevitablemente a los hondureños de menos recursos, que no pueden ganarse la vida sin salir de sus casas, en conflicto con las autoridades.

En la última década, una administración tras otra han hecho de la policía militar un martillo para aplastar el crimen organizado. Ahora, con el COVID-19, todo está comenzando a parecer un clavo.

 

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