Representante de la ONU: «El Salvador debe romper el ciclo de la impunidad»

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Las Naciones Unidas tienen los ojos puestos en El Salvador. En un lapso de unos pocos meses, cuatro de sus principales expertos visitaron el país, y salieron con una percepción negativa del impacto que han tenido las duras políticas antipandillas del Gobierno sobre los derechos humanos. Pero no está claro si estas críticas serán escuchadas por los funcionarios salvadoreños, que parecen afincados en su estrategia de «mano dura» frente a la cada vez más inestable situación de seguridad del país.

Durante la visita más reciente de los representantes de las Naciones Unidas, que terminó la semana pasada, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, dijo que el programa de «medidas extraordinarias» para las prisiones de El Salvador viola los derechos humanos, y que el país no ha logrado controlar el creciente uso de la violencia por parte de sus fuerzas de seguridad.

Las medidas —que permiten el confinamiento prolongado de los presos, la suspensión de las audiencias y visitas, y el bloqueo de las señales telefónicas alrededor de las prisiones— entraron en vigor en abril de 2016 y han tenido reiteradas extensiones. Las autoridades están buscando que el Congreso sancione una nueva extensión, que seguramente será aprobada debido al apoyo generalizado del que goza entre los dos principales partidos políticos.

El programa hace parte de un amplio conjunto de políticas de seguridad de mano dura que dan prioridad a las medidas represivas para enfrentar la violencia de las pandillas.

El Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén afirma que estas medidas permitieron una reducción de 21 puntos en la tasa de homicidios del país el año pasado. Sin embargo, El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, con 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017.

Pero las organizaciones de la sociedad civil locales y los expertos de la ONU han expresado sus reservas frente al efecto que esta estrategia está teniendo en los derechos humanos. Señalan que las medidas extraordinarias en las prisiones han causado un aumento en los casos de tuberculosis entre los reclusos, y reportan un número preocupante de casos de violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad.

Un día después de que Callamard culminara su visita a El Salvador, funcionarios del sistema penitenciario nacional anunciaron que estaban implementando algunas de las recomendaciones de los expertos, incluyendo la separación de los pandilleros según su «nivel de peligrosidad», y el alejamiento de los líderes de las pandillas de los demás prisioneros.

Aun así, tanto el director general de centros penales, Marco Tulo Lima, como el vicepresidente Óscar Ortiz, dijeron que no estaban de acuerdo con la propuesta de suspender las «medidas extraordinarias», e insistieron en que dichas políticas están teniendo un impacto positivo en la situación de seguridad del país.

Después de su visita de 12 días a El Salvador, Callamard habló con InSight Crime sobre sus conclusiones preliminares, así como sobre el posible impacto a corto plazo de las próximas elecciones en los programas de seguridad, y la necesidad de enfrentar la arraigada impunidad en uno de los países más violentos del planeta. A continuación presentamos una transcripción editada de la conversación.

InSight Crime: Las Naciones Unidas parecen tener sus ojos puestos en El Salvador. ¿Estas visitas responden a un deterioro de la situación del país?

Agnes Callamard: El Salvador ha estado en mi radar desde que comencé como relatora especial [en agosto de 2016], debido a las denuncias que he recibido acerca del uso excesivo de la fuerza y de los asesinatos extrajudiciales. Es uno de esos países que están luchando contra la violencia no convencional y utilizando la fuerza excesiva en sus respuestas.

Durante algún tiempo, las Naciones Unidas desatendieron al país en cuanto a la vigilancia de los derechos humanos, y faltaba presencia de las organizaciones internacionales de derechos humanos, por lo que consideré importante hacer una visita.

IC: Usted estuvo casi dos semanas en El Salvador, en medio de la creciente crisis de seguridad. ¿Cómo describiría lo que vio allí?

AC: Observé que la violencia es endémica y sistémica. Que la violencia se traduce en un verdadero temor entre la gente, por lo que existe la impresión de que las medidas represivas son la única manera de responder a esta situación.

Según las encuestas que he leído, la sociedad en general parece preferir la estrategia de «mano dura», aunque hasta el momento dicha estrategia no ha proporcionado ningún resultado tangible en lo que respecta a la violencia, la paz y la seguridad. Descubrí que parte del discurso con el que me he topado es una incitación velada o directa a la violencia.

No creo que haya suficiente discusión, ni espacios para debatir propuestas alternativas, lo cual me parece desafortunado.

IC: ¿Por qué cree que eso está sucediendo?

AC: A pesar de que hay un ansia de soluciones, existe un espacio público muy limitado para la discusión abierta de las diversas opciones y posibilidades. Se está recayendo en lo que parecen ser las mismas viejas políticas basadas en la militarización de la policía y el encarcelamiento masivo.

El sector político y otros miembros de la sociedad deberían poder hablar abiertamente sobre la estrategia de seguridad del país en todas sus dimensiones, incluso en términos de rehabilitación y reintegración. Pero he descubierto que son temas muy difíciles, sobre todo en un contexto preelectoral. [El Salvador realizará elecciones legislativas y municipales el 4 de marzo.]

IC: ¿Cuál es su opinión sobre las propuestas que ha encontrado y por qué cree que no resuelven completamente los problemas que enfrenta El Salvador?

AC: Debo resaltar los esfuerzos del Gobierno al proponer dos políticas que, en mi opinión, se alejan del enfoque prevalente en los últimos 15 años: «El Salvador Seguro», que en teoría tiene muy buenas medidas que se alejan de lo represivo, y el programa de rehabilitación para los presos denominado Yo Cambio, que también es muy interesante. Creo que el Gobierno ha buscado explorar soluciones alternativas en paralelo a las medidas represivas. Sospecho que existe un entendimiento político de que la represión por sí sola no puede ofrecer resultados tangibles para la población en lo que respecta a la seguridad.

Desafortunadamente, por una serie de razones que escapaban al alcance de mi misión, esas medidas alternativas no cuentan con suficientes recursos y tienen un alto costo político, dado que la población no las entiende y parece inclinarse más hacia las respuestas de «mano dura». Por eso el Gobierno no se anima a impulsar estos programas ni a asignarles recursos.

IC: ¿Por qué cree que estos programas no cuentan con recursos suficientes?

AC: El costo político puede ser una de las razones por las que estos programas no se debaten adecuadamente o no reciben los suficientes recursos, pero no he investigado todas las razones de la falta de recursos.

Debemos entender que El Salvador tiene un presupuesto público reducido y que es necesario tomar decisiones difíciles sobre cómo distribuirlo, pero es lamentable que, por ejemplo, el 80 por ciento de los impuestos especiales que se crearon para El Salvador Seguro hayan sido asignados a la policía y el ejército.

IC: Usted visitó varias prisiones bajo el régimen de «medidas extraordinarias» —prisiones a las que ni siquiera ha ingresado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)—. Y dijo que estaban entre algunas de las «peores que jamás había visto». ¿Podría hablar un poco más al respecto?

AC: Esas prisiones son realmente infernales. Fui a una prisión bajo medidas extraordinarias, a una vieja y a otra más nueva que está teniendo algunos cambios.

En la prisión vieja, el hacinamiento es impresionante. Allí hay tantos presos, que muchos tienen que tomar turnos para sentarse o dormir. No se les permite salir de sus celdas durante días e incluso semanas, no tienen acceso a sanitarios, la alimentación es deficiente, algunos presos están gravemente enfermos y los servicios médicos que se les ofrecen son inadecuados; hay una epidemia de tuberculosis.

El Gobierno está tomando medidas para hacer frente al problema de la tuberculosis, y cuando visité la prisión pude ver algunas de estas medidas. Tendremos que esperar hasta que tengamos la cifra final, en uno o dos meses, para ver si la tasa de mortalidad comienza a bajar.

La segunda prisión que visité era muy diferente. No había hacinamiento, había seis reclusos por celda y cada celda tenía seis camas. Tampoco veían el sol con frecuencia ni se les permitía salir mucho, y según entiendo la alimentación tampoco es buena. Pero en las nuevas prisiones que se han construido se ha abordado el problema del hacinamiento, con la excepción de algunas celdas. Sin embargo, se deben tomar más medidas con respecto a las salidas a los patios, el ejercicio, los sanitarios, una buena alimentación y otros asuntos.

Le he pedido al Gobierno que le permita al CICR acceder a todas las prisiones sin ningún tipo de restricciones. Creo que el Comité les podrá proporcionar al Gobierno y a las autoridades penitenciarias una serie de recomendaciones sobre cómo abordar el impacto de las medidas extraordinarias en la salud y el bienestar de los reclusos.

IC: El Gobierno afirma que las «medidas extraordinarias» en las prisiones están ayudando a detener la violencia. ¿Estaría de acuerdo con esa afirmación?

AC: En mi opinión, en el corto plazo las medidas extraordinarias son inhumanas. Y en el largo plazo, sospecho que están generando muchos más problemas que soluciones.

Es improbable que alguien que se encuentre en una prisión con las condiciones como las que he visto salga de allí como una mejor persona. Aunque las prisiones deben tener como objetivo castigar a los delincuentes, también les deben ofrecer a las personas el tiempo y las herramientas para que no recaigan en sus viejas costumbres. El programa Yo Cambio, que se está ensayando en varias prisiones, debería aplicarse en las prisiones bajo medidas extraordinarias. Los reclusos me dijeron que están muy interesados en participar en Yo Cambio y aprender nuevas habilidades.

IC: El gobierno dice que necesita recuperar el control de las prisiones, que ahora lo tienen las pandillas. ¿Está de acuerdo?

AC: Le he dicho reiteradamente al Gobierno que no me opongo a las medidas extraordinarias orientadas a la seguridad, incluyendo el control de las prisiones.

No me he expresado en contra del control de las comunicaciones, por ejemplo, porque entiendo que es una necesidad de la policía. Pero cuestiono la forma en que se están aplicando esas medidas.

El control de las prisiones es una necesidad, pero creo que algunas de las medidas no tienen ninguna propuesta de seguridad, sino que llevan a la deshumanización de los reclusos, y ahí es donde no estoy de acuerdo.

IC: Hay quienes argumentan que las medidas que deshumanizan a los presos promueven las organizaciones criminales, fortaleciéndolas aún más. ¿Es válida esta crítica?

AC: No lo sé, no soy experta en el tema. No he investigado el impacto de los programas deshumanizantes. No puedo comentar al respecto.

IC: Uno de los temas que ha llamado mucho la atención últimamente, y que generó su visita, son las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. ¿Ha encontrado alguna política estatal al respecto?

AC: No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que hay un patrón de comportamiento que equivale a homicidios extrajudiciales o al uso excesivo de la fuerza, y ese patrón se ve reforzado o promovido por las débiles respuestas institucionales, particularmente a nivel investigativo y judicial.

IC: Usted ha dicho que la impunidad promueve algunos de estos supuestos abusos. ¿Podría explicar esto?

AC: Creo que es importante reconocer que hay una alta tasa de impunidad con respecto a las denuncias de asesinatos por parte de la policía y el ejército, pero hay una alta tasa de impunidad en general en todo el país.

Esto no difiere de la tasa de asesinatos que se encuentran, por ejemplo, en cuanto a los femicidios o el asesinato de las personas de la comunidad LGBTI y muchos otros crímenes. Es por eso que digo que las instituciones débiles, tanto en términos de las investigaciones como del sistema judicial, están promoviendo los comportamientos que he identificado.

IC: ¿Cómo hacer frente a la falta de un poder judicial fuerte en un país que ha padecido de una impunidad endémica durante décadas?

AC: En primer lugar, habría que enfocarse en las denuncias de actos violentos cometidos por la policía y el ejército. Creo que este tipo de violencia presenta desafíos y características específicas.

Claro que es necesario que existan mecanismos muy fuertes para evitar que se recurra a la violencia. Ello implica abordar la falta de recursos para la protección de los agentes de policía; el hecho de que, por ejemplo, no tengan chalecos protectores; algunas de las cuestiones morales que he visto; la necesidad de una mejor formación en cuanto a técnicas para las confrontaciones con las pandillas, etc.

Sin embargo, por supuesto, la lucha contra la impunidad será decisiva. Es necesario que las autoridades comiencen realmente a asegurarse de que al menos algunos de los casos que se han conocido públicamente sean examinados por los jueces.

IC: ¿Puede identificar dónde están los principales obstáculos para la justicia?

AC: Ha habido varios casos en los que los agentes de policía han llegado a la etapa de las sentencias, pero los jueces han evadido condenarlos. Así, en cierta medida, las investigaciones han demostrado, al menos en el 50 por ciento de los casos que han pasado por los jueces de investigación, que se han perdido oportunidades a la hora de dictar sentencias.

No es que no haya habido casos que lleguen hasta las cortes. Pero, en mi opinión, hay un cuello de botella de impunidad que comienza en el punto de partida, en la primera investigación. Desde el punto de vista sistémico, las autoridades necesitan entender este cuello de botella para poder abordarlo. Mientras tanto, deberían enjuiciar al menos un caso seriamente para demostrar que este tipo de abusos de poder no será tolerado, y continuar a partir de ahí.

IC: Eso requerirá un compromiso a largo plazo de las autoridades y del país en su conjunto. ¿Cree que es posible?

AC: Este problema no tiene una solución rápida. Si insistimos en una solución rápida vamos a caer en el mismo patrón que se ha presentado con la respuesta a la violencia. Debe abordarse sistemáticamente, con soluciones orientadas hacia las propias instituciones. Si es necesario que se designen jueces especiales para el tipo de denuncias relativas a la policía o al ejército, es algo que podría explorarse.

Creo que deben aumentarse los recursos para investigar al ejército y a la policía. Por supuesto que estas son decisiones difíciles, no muy fáciles de explicar. Pero, en mi opinión, para un país es muy riesgoso que las instituciones estatales encargadas de la seguridad, o algunos de sus miembros, actúen de manera severa.

IC: ¿Qué otras recomendaciones les haría a las autoridades?

AC: Todavía no tengo todas mis recomendaciones. El informe final se terminará más o menos en un mes, en cuyo momento espero tener recomendaciones más detalladas en términos de cómo las instituciones judiciales e investigativas deben responder a la impunidad. Pero, en última instancia, se trata de proporcionar buenas evidencias, contando con jueces que no teman acusar a los agentes de policía, protegiendo a estos jueces de decisiones muy impopulares, y asegurando que al interior de esas instituciones haya mecanismos que permitan recopilar las pruebas necesarias para demostrar que ha habido ejecuciones extrajudiciales o un uso excesivo de la fuerza.

IC: ¿Cree que existe la voluntad y el ambiente propicio para que se den al menos algunos de estos cambios en El Salvador?

AC: Creo que tendremos que esperar el período posterior a las elecciones. Por ahora, todos los actores políticos están concentrados en las elecciones. La voluntad política es difícil de evaluar. Durante mi misión, vi una serie de medidas para abordar algunos aspectos de las medidas extraordinarias. Me mostraron una serie de iniciativas que buscan proporcionar rehabilitación y reintegración, particularmente en las prisiones. Si esto se hizo por mi visita, más que como una verdadera respuesta frente a los abusos que han tenido lugar como parte de la respuesta oficial… no lo sabría decir.

La gestión de las expectativas de la sociedad será crucial. La locura se define como el hecho de seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, y yo espero que los salvadoreños no actúen locamente, porque repetir la misma política de mano dura no dará un resultado diferente del que ha tenido en los últimos diez años.

IC: Usted habló de aplicar justicia en un caso y que ello sirva como aprendizaje para encontrar una solución. ¿Cómo funcionaría eso?

AC: Sólo estamos a un paso, a una buena decisión de romper el ciclo de la impunidad. Evidentemente, resolver un solo caso no es suficiente, pero al menos serviría para romper este ciclo y para enviar el mensaje de que los asesinatos cometidos por el personal de seguridad no son aceptables. Por supuesto que resolver un solo caso no es suficiente, pero es un punto de partida.

IC: ¿Cree usted que el ambiente actual de El Salvador permitirá romper este ciclo de impunidad y que algunos de estos temas sean abordados?

AC: Creo que hay esperanza. El proceso de transición después de la guerra civil ha tardado mucho tiempo, pero ahora hay indicios de que las cosas están cambiando. Espero que no tengamos que esperar otros 30 años para que se haga justicia.

Creo que hay personas de buena voluntad. La sociedad civil y la comunidad jurídica están realmente tratando de construir casos sólidos, y necesitan el apoyo de muchas personas, incluso de la comunidad internacional, para que esos casos sean realmente sólidos y a prueba del sistema judicial. Hay jueces comprometidos con mantener el estado de derecho. Ellos también tienen un papel que desempeñar y es necesario alentarlos a que lo hagan.

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