Ley de Colombia que permite la entrega de grupos criminales llega tarde y con limitaciones

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Una nueva ley de Colombia que les permite a los grupos criminales del país someterse a la justicia de manera colectiva podría ser poco efectiva porque la fragmentación de dichos grupos no incentiva a los jefes criminales a persuadir a sus miembros de renunciar a su libertad.

La ley, aprobada por el Congreso el 20 de junio, les permite a las organizaciones criminales entregarse colectivamente a las autoridades, a cambio de una reducción del 50 por ciento en sus condenas. Se espera que la legislación sea firmada por el presidente Juan Manuel Santos, quien ha expresado su apoyo a la ley.

Para beneficiarse de la ley, los grupos armados deben entregar al Estado una lista de sus miembros, incluyendo pruebas en su contra, dar información sobre sus activos, que por lo tanto podrían ser confiscados, y declarar si hay menores dentro de sus filas. Los grupos también tendrían que proporcionar detalles sobre sus operaciones criminales, incluidas las rutas de la droga y los casos de corrupción, y deben reconocer a sus víctimas y proponer un plan de reparación.

La ley establece que se crearán una o más «zonas de reunión», donde los miembros de los grupos se concentrarán y permanecerán hasta el final del proceso judicial. Su enjuiciamiento se hará según las leyes criminales regulares, pero se llevará a cabo de manera expedita. Asimismo, el gobierno establecerá «condiciones especiales de reclusión» para quienes se acojan a la ley, aunque no está claro en qué consistirán dichas condiciones.

En ninguna circunstancia se les otorgará inmunidad frente a la extradición a quienes se acojan a la ley. Y si en los cinco años siguientes a la sentencia inicial una persona es hallada culpable de un acto criminal nuevo o que no fue declarado, perderá el derecho a la reducción del 50 por ciento en su condena.

Como parte de la nueva normativa, se pondrá en marcha un programa de reintegración para quienes se acojan a la ley.

Análisis de InSight Crime

La ley parece estar dirigida a Los Urabeños, cuyo máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel», ofreció el año pasado entregar su grupo al Gobierno.

(Video del comandante de Los Urabeños, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel», agosto de 2017. Cortesía de El Colombiano)

Sin embargo, Otoniel está al frente de una organización cada vez más fragmentada, y es poco probable que sus «tropas» —conformadas en general por jóvenes que tienen poco contacto con los cabecillas— sigan sus pasos en caso de que decida entregarse. En efecto, la ley les ofrecería pocos beneficios reales, dado que el sistema penal ordinario ya ofrece una reducción del 50 por ciento en las penas para aquellos acusados que ofrezcan cooperación.

Entonces, ¿a quién beneficiaría esta ley? En primer lugar, a Otoniel, quien es perseguido por el mayor bloque de búsqueda en la historia de Colombia, y gracias a esta ley podría evitar correr el mismo destino que han tenido la mayor parte de sus hombres más cercanos.

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La ley, que está estrechamente relacionada con el reciente proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también podría ser un logro tardío de la administración Santos, que está a pocos días de finalizar. Y en caso de que resulte exitosa, le proporcionaría al Estado el marco necesario para un complejo proceso que previamente ha dado lugar a desastrosos «desarmes» de grupos armados ilegales.

Sin embargo, si los altos mandos de Los Urabeños aprovechan esta ley para someterse a la justicia, ello podría acelerar el proceso de fragmentación del grupo en células disidentes. Ante la ausencia de directivas, es posible que estas facciones busquen violentamente tomar el control de los territorios de Los Urabeños.

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